Ecologistas en Acción
alerta de que si la presa sufriera una rotura la avalancha de agua arrasaría
también La Romaneta, y Aspe se vería afectada
Pérez Gil. Información 13-06
Ecologistas en Acción ha advertido del grave riesgo
que la construcción del embalse Azorín puede suponer para los 2.000 habitantes
del municipio de La Romana y para los 300 de la pedanía monovera de La Romaneta.
«Ambos núcleos urbanos podrían quedar completamente arrasados en caso de
producirse una fuga de agua del pantano ya que la presa proyectada se halla a sólo
un kilómetro; pero la avalancha de rocas, barro y agua podría llegar incluso
hasta Aspe por el propio desnivel del terreno», explicó ayer Carlos Arribas,
coordinador de Ecologistas en Acción del País Valenciano. En este sentido ha
recordado el precedente que se produjo años atrás cuando un embalse de riego
sufrió una rotura y sus aguas alcanzaron el casco urbano de Aspe.
Además, el estudio de impacto ambiental remitido por el Ministerio de Medio
Ambiente reconoce que el vaso del embalse quedará ubicado en la confluencia de
una zona de sismicidad media (término de Monóvar) y otra de sismicidad alta (término
de La Romana). A pesar de ello se contempla la construcción de una presa de 54
metros de altura, que será coronada por una carretera de 8 metros de ancho. El
dique se comenzará a levantar a una profundidad de 50 metros bajo tierra y la
base tendrá una anchura de 150 metros. Se inyectará hormigón para asegurar la
firmeza de la presa y se emplearán materiales especiales con el fin de poder
hacer frente a los movimientos sísmicos.
Para Arribas, sin embargo, «todos los medios que se quieran poner son pocos. Si
el terremoto es de intensidad alta y se produce una rotura en la presa hay que
tener en cuenta que estamos hablando de diez millones de metros cúbicos de agua
almacenados con una profundidad máxima de 20 metros. Por tanto, minimizar el
peligro que conlleva esta actuación porque sólo están en peligro 2.300
personas no es sensato ni lógico. Además, la situación es mucho más grave
porque el proyecto no contempla la presencia de un aliviadero o un cauce por el
que dar salida a las aguas en un momento de necesidad».
El presidente de la Plataforma No al Embalse, Rafael Marhuenda, se ha sumado a
las manifestaciones realizadas por los ecologistas y ha destacado que el estudio
del Ministerio admite también que la presión de los 102 hectómetros cúbicos
de agua previstos aumentará el riesgo sísmico que ya existe en el Pla del Manyà.