31 DE JULIO DE 2003

 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN HA SOLICITADO A LA CONSELLERIA DE TERRITORIO Y VIVIENDA QUE EXIJA AL PROMOTOR DE LA CENTRAL TÉRMICA DE CATADAU QUE INICE LOS TRÁMITES DE LA OBLIGADA EVALUACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

 

LA CONCESIÓN DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA ES PREVIA A CUALQUIER OTRA AUTORIZACIÓN O LICENCIA SECTORIAL SEGÚN LA LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN

 

Ecologistas en Acción del País Valenciano se ha dirigido por escrito al Conseller de Territorio y Vivienda para que exija al promotor de la Central Térmica de Catadau (antes la multinacional InterGen, una empresa conjunta de la petrolera Shell y la empresa de ingeniería y bienes de equipo Betchel y ahora con el nombre, Electricitat de Llevant) de 1.200 Mw de potencia, el inicio de los trámites de la solicitud de la autorización ambiental integrada. Esa nueva figura administrativa, impuesta por la Ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación, vigente desde julio de 2002, afecta a cualquier instalación térmica de potencia superior a 50 Mw de nueva implantación entre otras.

 

Aunque la Central Térmica de Catadau inició los trámites de obtención de la autorización administrativa y declaración de impacto ambiental, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/2002, y ha obtenido recientemente la Declaración de Impacto Ambiental positiva del Ministerio de Medio Ambiente (BOE del 26 de junio de 2003), todavía no ha obtenido la autorización administrativa y, por tanto, ni siquiera han comenzado las obras de construcción. Según esa Ley las instalaciones que no hayan sido construidas en un periodo de 12 meses contados desde el 2 de julio de 2002 (fecha de entrada en vigor de la Ley 16/2002) deben considerarse instalaciones nuevas a todos los efectos.

 

La autorización ambiental integrada es concedida por la Conselleria de Territorio y Vivienda y se trata de comprobar que el Proyecto es compatible con la normativa en vigor de valores límite de emisiones de contaminantes y de que se utilizan las mejores técnicas disponibles. Se integran todas las autorizaciones sectoriales obligatorias (Organismo de Cuenca, Ayuntamiento, Conselleria con competencias en Medio Ambiente) en una única autorización administrativa, una especie de “ventanilla única”. En resumen, se trata de certificar que las emisiones y los impactos no dañen el buen estado de los ecosistemas y la salud humana, del uso de la mejor tecnología, y es complementaria a la evaluación de impacto ambiental.

 

Una copia de esa solicitud se ha enviado también a la Dirección General de Política Energética y de Minas del Ministerio de Economía, organismo competente de conceder la autorización administrativa. En el caso de que se emitiera la autorización administrativa por parte del Ministerio de Economía sin haberse obtenido la Autorización ambiental integrada Ecologistas en Acción se plantea demandar a la administración estatal y denunciarla por prevaricación, además de recurrir esa autorización.

 

El inicio de los trámites de la obtención de la autorización ambiental integrada supone el inicio de un nuevo expediente de información pública y la posibilidad de presentar alegaciones en contra de ese proyecto por particulares y Ayuntamientos afectados. El trámite debe durar como máximo 10 meses y cualquier otra autorización sectorial necesaria ha de ser posterior a la misma. Ello supone abrir un nuevo periodo de reflexión y discusión de ese proyecto tan cuestionado en la Ribera del Júcar, de efectos ambientales tan negativos para la salud y la productividad agrícola, entre otros, por la emisión de óxidos de nitrógeno, precursores de altos niveles de ozono y por el alto consumo de agua potable.

Más información: Carlos Arribas, tfno. 676048331