4 de junio de 2003

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA ENERGÍA NO PERMITE EL DEBATE SOBRE EL TRATO EXCEPCIONAL DEL GOBIERNO A IBERDROLA

Pedro Meroño ha evitado que el Consejo Consultivo de Electricidad debata hoy por qué se ha permitido a Iberdrola, estando sometida a moratoria, construir 4.800 MW de centrales térmicas
 
El Presidente de la Comisión Nacional de la Energía, Pedro Meroño, no ha permitido que se celebre el debate en el Consejo Consultivo de Electricidad, previsto para hoy, sobre el trato de favor a Iberdrola para construir centrales térmicas saltándose la moratoria que se le impuso en el año 2000. Tras la protesta y desacuerdo del representante ecologista, el debate ha quedado aplazado a un próximo Consejo Consultivo.

El debate había sido solicitado por los representantes ecologistas en los Consejos Consultivos de Hidrocarburos y de Electricidad de la Comisión Nacional de la Energía. Greenpeace se haya representada en el Consejo Consultivo de Electricidad, mientras que Ecologistas en Acción ocupa la plaza en el Consejo de Hidrocarburos.

Ambos colectivos exigen un debate urgente en ambos consejos consultivos, así como una investigación exhaustiva y un informe urgente de la Comisión, para evitar que mediante los hechos consumados se sigan violando las leyes de protección del medio ambiente y de la libre competencia. Entretanto, los ecologistas piden una paralización cautelar de las obras de construcción de las centrales térmicas afectadas por la denuncia.

“Estamos denunciando graves irregularidades que ponen en evidencia que la empresa Iberdrola goza de privilegios para saltarse las leyes. La Comisión Nacional de la Energía debe actuar y no permanecer impasible, si quiere mantener su credibilidad como órgano independiente”, ha declarado José Luis García Ortega, representante de Greenpeace en el
Consejo Consultivo de Electricidad.

Iberdrola, que supera el 20% de la capacidad de producción de electricidad en el sistema peninsular, debía limitar su presencia en el mercado eléctrico para facilitar la competencia. Este teóricamente era el objetivo del muy publicitado Decreto-Ley 6/2000 de medidas urgentes de intensificación de la competencia de bienes y servicios, promulgado por el Gobierno del PP en junio del 2000. En teoría dicha compañía no podría aumentar su presencia en el mercado eléctrico hasta pasados 3 años. Sin embargo, mediante la política de hechos consumados, Iberdrola tiene hoy en construcción nada menos que 4.800 MW de nuevas centrales térmicas.

“Exigimos que se imponga una verdadera moratoria a todos los proyectos de centrales térmicas, de todas las empresas, y que se cumpla” ha declarado Ladislao Martínez, representante de Ecologistas en Acción en el Consejo Consultivo de Hidrocarburos.

Además de saltarse la moratoria, Iberdrola está construyendo centrales térmicas en Arcos sin contar con la preceptiva Autorización Ambiental Integrada y sin Proyecto de Ejecución aprobado, según denuncia la Plataforma “No a las térmicas”. Además, en Tarragona, Iberdrola y Endesa están ya concluyendo la construcción de centrales térmicas cuyas obras comenzaron antes de que se les aprobase la Evaluación de Impacto Ambiental.

Iberdrola ha obtenido algo que no puede considerarse sino un trato de favor. Se le permitió en el momento de publicarse el Decreto continuar con la construcción de 2600 MW de potencia que habían superado el trámite de información pública, se le autorizó además a continuar de manera ilegal las obras de una térmica en Tarragona de 400 MW, se le permitió comprar a diversas empresas 1.600 MW de potencia en Arcos de la Frontera (Cádiz) y recientemente se le ha dado permiso para construir en Aceca (Toledo) sin haber informado de la potencia que dará de baja. La paradoja es que después de aplicar un decreto que en teoría tenía como objetivo limitar la participación de Iberdrola en el mercado eléctrico nacional, el resultado es que su participación aumentará de forma desmesurada.

Las excavadoras están trabajando ya en los terrenos de las plantas que Iberdrola ha adquirido en Arcos de la Frontera pese a que en teoría está afectada por una moratoria y a que no se ha dictado la preceptiva Resolución sobre la transmisión de esas instalaciones. Dicha resolución sólo podía resultar negativa en coherencia con el marco legal.

Más información: Ladislao Martinez 915 33 69 68